Este libro del profesor José Ignacio Hernández sobre lo que califica como el proceso de La Privatización de facto de PDVSA, se refiere al proceso iniciado por el Gobierno de Nicolás Maduro desconociendo a la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional que fue electa en diciembre de 2015 y, por tanto, ignorando totalmente el control parlamentario que requería esa nueva política, optando por eludir ese control y acudir, como lo advierte en el texto, "a "atajos" regulatorios, para ampliar el rol de la inversión privada al margen de lo dispuesto en la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos."
En esta forma, la prolongada crisis política y humanitaria en Venezuela ha opacado ese cambio transcendental consistente en la destrucción del Petro-Estado venezolano y el inicio de la Venezuela postpetrolera, para lo cual, entre 1999 y 2022, como lo destaca el autor, la industria petrolera venezolana ha pasado por tres transiciones: (i) la adopción de un marco jurídico basado en la liberalización del sector de hidrocarburos (1999-2002), (ii) la implementación de políticas autoritarias que destruyeron la autonomía de PDVSA y los mecanismos de mercado dentro del sector (2002-2016), y (iii) la cesión de derechos y activos de la industria al sector privado, en el marco de la política de liberalización (2017-2022). Como resultado de ese procesp, se vació de contenido al Petro-Estado en el marco de una creciente informalización y criminalización. Para reversar este proceso, será necesario implementar un nuevo marco jurídico basado en la figura del Estado regulador, desmontando los arreglos jurídicos del Petro-Estado que todavía quedan en pie.






"(i) la cesión de acciones en Citgo Holding, Inc. a favor de acreedores extranjeros, (ii) la cesión de derechos litigiosos a firmas extranjeras, (iii) la celebración de contratos de servicios petroleros que trasladaron a inversionistas privados actividades privativas de PDVSA, (iv) la reorganización de las empresas mixtas al margen de los Acuerdos aprobados por la Asamblea Nacional, (v) la reorganización de PDVSA en el marco de la "ley anti-bloqueo", (vi) la cesión de la operación sobre estaciones de servicios y refinerías, (vii) el desconocimiento de las funciones de control parlamentario sobre los contratos de interés público nacional y (viii) la pérdida de activos externos de PDVSA en el marco de litigios de la deuda pública externa.